129 detenidos por matrimonios de conveniencia amañados por una abogada de Elche y cuyas bodas se hacían en Santa Pola

La Policía Nacional ha desarticulado, tras tres años de investigación, un complejo entramado delincuencial diseñado, presuntamente, por una abogada, dedicado a la obtención de permisos de residencia de familiar de comunitario mediante la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, concertados principalmente en el Juzgado de Paz de Santa Pola, por los que los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros y que ha culminado con la detención de 129 personas. Hubo 72 matrimonios presuntamente ilegales, que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario.

La denominada operación POLASANTA comenzó en marzo del año 2019 y ha concluido recientemente con una investigación que ha permitido destapar un entramado delincuencial que llevaba operando presuntamente desde el año 2017 en las provincias de Alicante y Murcia.

El epicentro del entramado se encontraba en  Elche desde donde, los investigadores, tuvieron conocimiento que operaba una abogada quien, a través de su gestoría, había diseñado un complejo entramado criminal en el que participaban distintas personas con funciones diferenciadas y perfectamente coordinadas, orientadas a la consecución de un único fin: conseguir a través de la celebración de matrimonios de conveniencia, entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, la obtención de permisos de residencia de familiar comunitario para estos extranjeros en situación irregular, principalmente originarios de Marruecos y Argelia, a cambio de grandes cantidades de dinero.

La principal responsable y «cerebro» de la trama, contaba con la colaboración de personas que desempeñaban distintos roles dentro de la organización. Unos, hacían labores de captación de contrayentes buscando, por un lado, interesados en regularizar su situación ilegal en nuestro país dispuestos a pagar la cuantiosa suma de dinero que podría llegar a alcanzar hasta los diez mil euros y, por otro lado, una pareja de origen español elegida para cada una de estas personas.

Cuando ya se tenía a los contrayentes, se orquestaba un plan para cada pareja convenida consistente en hacer creíble la relación sentimental entre ambos y su vinculación con la población donde se iba a celebrar el ilícito enlace matrimonial.

En este punto, los «intermediarios» y los catalogados por los investigadores como «empadronadores», proporcionaban, mediante documentación falsa la cobertura legal para que se pudiera llevar a cabo la tramitación del matrimonio.

Este trámite, era cuidadosamente trabajado, puesto que era uno de los requisitos fundamentales para la consecución del ilícito objetivo. Es por ello, que en ocasiones, incluso falsificaban contratos de arrendamiento así como autorizaciones de empadronamiento si fuera necesario, eso sí, siempre en la localidad de Santa Pola, en cuyo Juzgado de Paz se celebraría finalmente el ficticio enlace, para lo cual, la trama contaba incluso, con la participación de dos inmobiliarias de la localidad.

Finalmente, mediante la colaboración de «falsos testigos«, como último escalón de participantes en el plan, la propia abogada instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos, en las distintas fases de todo el proceso, preparándoles sobre la versión que debían sostener para burlar a las diferentes administraciones, advirtiéndoles que, además del primordial requisito de empadronamiento en la localidad para iniciar el expediente matrimonial, a sabiendas de que nunca residirían en dichos domicilios, debían crear una versión de su supuesta relación afectiva para que no fuera detectado el fraude en las entrevistas matrimoniales.

Así fue como, presuntamente, esta abogada ilicitana desde su asesoría urdió este plan con la participación activa de un generoso plantel de colaboradores en la trama, todos los cuales, actuaban siempre a cambio de una remuneración económica, llegando a contabilizarse tras la recopilación de expedientes matrimoniales tramitados por la letrada, un total de 72 matrimonios de dudosa licitud.

Como consecuencia de la investigación, han sido detenidas 129 personas que presuntamente participaron en los hechos, se detectaron hasta 72 matrimonios presuntamente de complacencia, que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario presuntamente ilegales de los que se ha solicitado su extinción, todo ello bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número dos de Elche.

En cuanto al resultado de los registros practicados, se consiguió obtener numerosa documentación presuntamente fraudulenta como contratos de arrendamiento, autorizaciones de empadronamiento, y de manera paralela, también se han recuperado estos 51 permisos de residencia de familiar comunitario.

Sobre los 129 detenidos, 66 hombres y 63 mujeres, de nacionalidades predominantemente española, marroquí y argelina, además de otras como iraní, argentina y bangladeshí, de edades comprendidas entre los 23 y 71 años de edad.

Se les acusa de delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.