Varapalo judicial para el PP al archivarse la denuncia contra la concejala de Cultura por las exhumaciones

El Partido Socialista ha anunciado el archivo de la denuncia presentada en su día por el PP contra la concejala de Cultura, Marga Antón, por los trabajos de exhumación en el cementerio viejo. Esta decisión judicial supone un varapalo para el Partido Popular de Elche, con Pablo Ruz, su presidente, a la cabeza.

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Municipal, Ramón Abad, señala que se trata de un“nuevo intento de querer ganar en los juzgados lo que no es capaz de ganar en elecciones”.

Para Abad se trata de “un hecho importante, desde el punto de vista personal, ya que durante cerca de un año nuestra compañera Marga Antón ha tenido que aguantar día a día como el PP intentaba socavar su honestidad y honorabilidad”. El portavoz ha felicitado a la concejala añadiendo que podrá dedicarse exclusivamente a la “mejora de los intereses de los ciudadanos de Elche”.

Ramón Abad ha añadido que “queda acreditada la estrategia errática del PP ilicitano” recordando que con esta son tres las sentencias que son archivadas a raíz de denuncias del Partido Popular de Pablo Ruz contra dirigentes socialistas. “Se archivó una denuncia que pusieron contra el Secretario General, Alejandro Soler, denunciaron ante la fiscalía a todo el equipo de gobierno a su alcalde Carlos González a la cabeza y volvió a ser archivada y hoy hemos vuelto a conocer otro archivo, otro para varapalo judicial” contra los populares.

Abad ha pedido al PP de Pablo Ruz que rectifique, que pida “disculpas por intentar manchar el honor de personas honestas dentro del PSOE y, sobre todo, que se preocupe de los intereses de los ilicitanos e ilicitanas y no del Partido Socialista”.

Abad concluye que “en términos futbolístico sería un resultado de 3-0, un resultado que inhabilita a Pablo Ruz hacia la Champions League de la alcaldía de Elche”.

En el auto del juzgado de instrucción número 2 de Elche se indica literalmente que «en el presente caso se ha dado una explicación a todas y cada una de las anomalías detectadas en el expediente que excluyen por tanto la arbitrariedad de la actuación llevada a cabo por sus responsables y por la propia investigada asesorada por ellos. A ello hay que añadir que no existe prueba alguna de que en dicha acción irregular existiera un conocimiento y voluntad de ello, esto es, de que se actuara a sabiendas de tal irregularidad, hasta el punto de que no se ocultó, sino más bien se publicitó el inicio de unas obras que de haber sabido que no estaban amparadas por la legislación procesal vigente no se habrían expuesto a la opinión pública. En definitiva, la actuación de la investigada carece de reproche penal al aceptar en todo momento las indicaciones de los dos expertos, arqueólogo municipal y TAG, no apreciarse dolo alguno ni conocimiento de las anomalías existentes, ni acreditarse interés espurio en adjudicación de una mercantil con la que carecía de todo vínculo acreditado». El juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, aunque cabe la posibilidad de recurso en el plazo de tres días.