Investigan en Elche a dos personas por capturar aves de forma ilegal con redes abatibles cerca de El Hondo

La Guardia Civil, a través de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PRAPONA) ha interceptado a dos vecinos de Elche en plena actividad de caza clandestina de aves fringílidas en una parcela cercana al Parque Natural El Hondo.  

La intervención se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre, tras recibir un aviso anónimo que alertaba sobre la instalación de redes abatibles en una finca de la zona.

Al personarse en el lugar, los agentes sorprendieron a dos hombres, de 71 y 73 años, dentro de una caseta camuflada, preparados para accionar dos redes abatibles activas. Alrededor encontraron varias aves enjauladas utilizadas como reclamos para la captura ilegal.

Durante la inspección ocular realizada en la parcela, los agentes documentaron fotográficamente los dispositivos utilizados para la caza, así como las aves empleadas como reclamos.

Se intervinieron las dos redes abatibles y una jaula metálica, que fueron depositadas en un centro de recuperación de aves de la provincia de Alicante.

Además, se liberaron ocho aves sin anillar, que fueron devueltas a su hábitat natural en el mismo lugar de los hechos.

El 15 de noviembre, finalizadas las investigaciones, ambos varones fueron citados en dependencias de la Guardia Civil, donde fueron investigados por un supuesto delito contra la fauna.

Asimismo, se remitió un informe a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Comunitat Valenciana sobre los hechos acontecidos.

La caza ilegal de aves fringílidas, prohibida desde 2018 por normativa autonómica, estatal e internacional, representa una grave amenaza para la supervivencia de estas especies. A pesar de las restricciones, persiste un comercio clandestino de estas aves, destinadas a su exportación, uso como pájaros de jaula o incluso su consumo.

Estas aves, que no son consideradas especies cinegéticas y cuentan con protección legal, están amparadas por el Convenio Europeo firmado por España.

Según el vigente Código Penal, esta actividad puede ser castigada con penas de prisión de 6 meses a 2 años o multas de 8 a 24 meses, al estar tipificada como un delito contra la fauna.